Alertan sobre una presunta acción de lobby del estudio Bomchil

Tiempo Argentino refiere que Máximo Bomchil presentará ante el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Julio Alak, a Michael Reynolds, presidente del International Bar Association (IBA), el colegio internacional de abogados. Y aunque en principio se trata de un encuentro protocolar, fuentes de Tribunales revelaron al diario que Bomchil y Reynolds podrían intentar influir sobre las autoridades argentinas “para torcer el resultado de un juicio multimillonario entre dos empresas privadas que se encuentra a resolución de la Corte Suprema y tiene hasta ahora un resultado adverso a los intereses de una multinacional extranjera”.

Según afirma el diario, Bomchil ha representado históricamente al Colegio de Abogados de Buenos Aires en el IBA, mientras Reynolds es el socio principal del estudio inglés Allen & Overy, ambos litigantes contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial.

“En el ámbito de la justicia penal, Máximo Bomchil es recordado por haberse salvado ‘milagrosamente’ de ser procesado como partícipe necesario en una causa de defraudación al Estado nacional. Se trató de la ‘confección a medida’ de una resolución de la Secretaría de Transporte de marzo de 1998 por la que se modificaron las condiciones del contrato de privatización de los aeropuertos para favorecer al grupo Eurnekian del que precisamente Bomchil era abogado”, dice Tiempo Argentino.

Y agrega: “El año pasado, el letrado tuvo que dejar la presidencia de Aeropuertos Argentina 2000, producto de la evidente incompatibilidad de litigar contra el Estado argentino y a la vez ser el titular de una de las empresas concesionarias de servicios públicos más importantes del país. El estudio M&M es el que más intervenciones tiene en juicios contra la República Argentina en el CIADI. De los 28 juicios que tramitan en los tribunales del organismo del Banco Mundial, patrocinó nueve demandas contra el país, lo que representa el 32% del total.”

Fuente: Tiempo Argentino, de 13/9/13.