Luego de mencionar la presunta admisión de Embraer, Morales Solá decía en su columna que el juez federal argentino Sergio Torres había enviado “en el acto un oficio para que le confirmen formalmente esa noticia lapidaria” y recordaba que la adquisición de Aerolíneas se concretó cuando ésta era presidida por el actual ministro de Justicia, Julio Alak.
La nota publicada el lunes por La Nación informa, en cambio, que lo que ha hecho Embraer es ratificar una investigación en curso, ahora ampliada a cinco países, donde las transacciones con empresas están “sospechadas de irregularidades”. Recuerda también que, en 2009, Aerolíneas adquirió 20 aviones E-190 con destino a su controlada Austral, por un monto unitario de 34,9 millones de dólares y uno global de 698 millones. Y que, de esa suma, 80% fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES).
El monto, añade el diario, fue considerado excesivo por analistas de sector, en relación con lo que se abonaba en ese momento en el mercado. La sospecha llevó a la apertura de una causa, en manos del juez Torres, donde se investiga el presunto pago de un sobreprecio de entre 5 y 6 millones de dólares por cada avión. Tanto Aerolíneas Argentinas como el Gobierno rechazaron desde el principio las acusaciones y aseguraron que, al precio base de 30,6 millones había que añadir 4,3 millones por servicios adicionales, repuestos e instrucción de pilotos.
Siempre de acuerdo con La Nación, la compañía elevó el mes pasado a la SEC un formulario 6-K donde confirma que, a partir de la citación dispuesta por ese organismo en septiembre de 2010, contrató a un abogado externo “para llevar a cabo una investigación interna sobre las transacciones realizadas en tres países específicos”. Embraer dice también que “ha ampliado voluntariamente el ámbito de la investigación interna para incluir dos nuevos países” y concluye que “todavía no es posible estimar la duración, el alcance y los resultados de la investigación interna o la revisión del gobierno”. Respecto de eventuales sanciones, apunta que aún “no hay base para la estimación de las reservas o cuantificar cualquier posible contingencia”.
El mismo día, Clarín refiere también los términos de esa comunicación y aclara que la SEC interviene según los términos de la Foreign Corrupt Practices Act estadounidense, que pena el pago de sobornos a funcionarios extranjeros. La Comisión interviene en los casos de empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York o tienen filiales en ese país. Embraer, que viene informando en sus balances sobre “el carácter confidencial de la averiguación de los hechos” tiene operaciones de mantenimiento en Fort Lauderdale y construye una fábrica.
Clarín consigna que la transacción, de la que participaron ambos gobiernos, fue conducida por el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien la justificaba como un hecho político que tendría su contraprestación en la producción de componentes de Embraer en la fábrica cordobesa de aviones. Entretanto, continúa el diario, desde la conducción de Aerolíneas se argumentaba, de manera oficiosa, que “Embraer había tenido que aumentar el precio dado que para poder despegar desde Aeroparque tiene que tener una mayor potencia en el motor, por tratarse de un aeropuerto con árboles altos alrededor, lo que obliga a un despegue más veloz en altura”.
Fuentes: La Nación, de 21/4/13, y Clarín y La Nación, de 22/4/13.
